Seguridad Alimentaria versus Soberanía Alimentaria: nuevo proyecto de Ley en Ecuador PDF Imprimir
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PobreEl mejor 

seguridad alimentario .jpgQuito 13 de noviembre 2008. Se prepara para febrero 2009 la expedición de una ley sobre “soberanía alimentaria”, después de que la nueva Constitución enunciara ya los derechos de los individuos, las comunidades y las colectividades al acceso a alimentos sanos seguros y nutritivos. Pero el texto constitucional no habla de la producción de alimentos. Paradójicamente pone énfasis en la seguridad alimentaria aunque hable de soberanía alimentaria. ¿Cuál es la diferencia y qué intereses representa cada uno de los dos paradigmas? Lo explica el sociólogo Fernando Rosero en una artículo reciente de la revista  La Tendencia, Quito, N. 8, octubre, noviembre.


 

Soberanía alimentaria es una orientación o un “paradigma” con connotaciones importantes: entre ellas se señala la necesidad de centrar la producción para el mercado interno y no en las exportaciones, la independencia de un país en la provisión alimentaria de su pueblo, el blindar la producción contra factores exógenos como alza de precios, competencias desleales, el favorecer a los pequeños y medianos productores, etc. Estas tesis las sostienen organizaciones campesinas e indígenas y organismos sociales de diverso tipo. Inclusive un pequeño partido, la RED, las sostiene.

Por el contrario, el paradigma de seguridad alimentaria lo levantan actualmente los sectores de la gran agroindustria nacional que tienen mucho de monopolio, como MAXI, NESTLÉ, PRONACA, e igualmente la Comisión Interinstitucional de Soberanía Alimentaria que redacta la propuesta de nueva Ley  -señala el articulista citado. Este último paradigma está por los transgénicos, la no afectación de la tierra, ampliar la frontera agrícola para los agrocombustibles, una reforma agraria a través del mercado, evitar la contaminación ambiental, pero no la participación de los consumidores en la comercialización de los alimentos y el control de calidad, los servicios financieros no debe especialmente favorecer a la agricultura campesina sino proveerse en función de la capacidad económica de las unidades de producción, combinar producción agroecológica con agroindustria competitiva pero no insistir de tal manera en lo orgánico para desestructurar el agronegocio.

En programas sociales y compras públicas a los OEPs hay diferencias de enfoque en los dos paradigmas: mientras la seguridad alimentaria propugna se hagan esas compras públicas a las cadenas de comercialización, acopio y distribución para satisfacer las demandas de alimentos en volumen, plazos y calidad, el enfoque de soberanía alimentaria propugna se las haga descentralizadamente a asociaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pescadores artesanales. Hay una tercera vía –dice el articulista. En este ejemplo de compras públicas, sería el combinar el aprovisionamiento de pequeños y medianas unidades de producción con las compras de productos industrializados a los grandes centros de comercialización de alimentos.

Es evidente que la gran fractura entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria tiene que resolverse en lo concreto de la formulación de una Ley que vaya por un camino intermedio:  las viejas tesis agraristas de la segunda mitad del siglo XX ya no son viables y los sectores emergentes deben sustentar un “modelo de agricultura familiar y pesca artesanal, como medio para superar la inequidad territorial, recuperar la fertilidad del suelo, potenciar la biodiversidad, fortalecer las organizaciones campesinas y de los pueblos y nacionalidad indígenas, evitar la emigración, e incrementar la producción de alimentos para el marcado interno y los excedentes para la exportación” –concluye el artículo del Sociólogo Rosero.

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