Ley de Movilidad Humana en Ecuador en favor de migrantes, desplazados y otras personas PDF Imprimir
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Quito 13 de abril de 2009. Un gran horizonte semigrant.gif despierta sobre movilidad humana en Ecuador. No se trata de los derechos de los ecuatorianos en el exterior sino de los extranjeros y ecuatorianos en el país. Una ley sobre movilidad humana será impulsada muy posiblemente desde la Asamblea Nacional en los próximos meses. Algunos elementos de este horizonte se suscitaron ya en el Consejo Metropolitano de Quito en septiembre del 2008, con ocasión de la discusión sobre la Ordenanza sobre Movilidad Humana (Registro Oficial Nº 531 Año III), teniendo como marco el derecho internacional sobre migraciones, la Constitución del país y la amplia normativa relacionada con la protección y garantía de derechos humanos, aplicada a las personas en movilidad. (Véase el texto completo de la ordenanza municipal expedida en febrero 2009 aquí. El texto está al fin de una serie de otras leyes u ordenanzas del Registro.).



La Ordenanza Metropolitana se construye como un capítulo adicional al existente sobre “la protección especial de los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo” en las calles del Distrito Metropolitano de Quito, del Título II del Libro Primero del Código Municipal, que regula la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas que viven en situación de movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito. El nuevo capítulo se titula “de la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas que viven en situación de movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito”.
La ordenanza parte de una definición de movilidad humana, como inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en un contexto de profundización de inequidades y discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el deterioro de la situación de la población, las mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se reconoce a las personas el derecho a migrar: no se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. La ordenanza reafirma la obligación de los estados de respetar el derecho de las personas, independientemente de su nacionalidad, el derecho a escoger su lugar de residencia y trabajo, garantizándoles protección social a ellos y a sus familias: apunta a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas que viven en situación de movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito, declarándolas política pública.

Como principio general establece que las políticas públicas en torno a la movilidad humana tomarán en cuenta los contextos de salida, de tránsito, de desplazamiento y de recepción de las poblaciones en situación de movilidad. Siete principios rectores ponen muy alto el horizonte con el que se quiere proteger la movilidad humana, incluida la internacional:
a) No discriminación, inclusión e integración social: se apunta a la construcción de relaciones sociales armónicas, participativas, solidarias, sinérgicas en el espacio local, generación efectiva de espacios de convivencia, y la sensibilización y formación ciudadana en torno a la movilidad humana. b) La visibilización permanente de las dinámicas de la movilidad humana de los diferentes flujos de salida e ingreso de población al Distrito Metropolitano de Quito, y las características específicas de la población en condición de mayor vulnerabilidad: refugiados, solicitantes de refugio, en necesidad de protección internacional, personas víctimas de catástrofes naturales, víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes; c) El ejercicio y goce de los derechos humanos; d) La coherencia entre las políticas de respuesta a las demandas e intereses de la población en situación de movilidad que vive en el Distrito Metropolitano de Quito y de las personas en cualquier situación migratoria que viven en el extranjero; e) La garantía de servicios públicos universales y de calidad; f) La corresponsabilidad, coordinación y concertación interinstitucional, comunitaria e individual entre el sector público y privado, en el plano internacional, nacional y local, tanto en los países de origen, como en los de tránsito y de destino; g) La participación y gobernabilidad democráticas, promoviendo la participación política de la población migrante a través de la promoción y fortalecimiento de sus organizaciones y su vinculación con el Sistema de Gestión Participativa del Distrito Metropolitano de Quito.

Como instrumentos concretos en la ordenanza se señalan: la Mesa Distrital de la Movilidad Humana; una Red Distrital de Servicios; la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana; un marco general dado por el Plan Distrital de la Movilidad Humana, que deberá estar ya elaborado en mayo 2009; un Observatorio Distrital de la Movilidad Humana; la supervisión de la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social del DMQ.

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